La Columna de Jose (*)
El “Bono Familia” una decisión desacertada
Cuando se administra la pobreza, las políticas públicas
deben cambiar, pero sin seguir esa lógica el Gobierno de Transición en el
Estado Plurinacional de Bolivia, ha dispuesto crear un bono con el objetivo de “apoyar
a uno de los grupos más vulnerables y numerosos, como son las niñas, niños del
Nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional de las Unidades Educativas
Fiscales y de Convenio (Fiscales)”, el problema es que previamente se tomaron
otras medidas extraordinarias como consecuencia de un escenario de emergencia
sanitaria que a nivel mundial, ésta obligando a los Gobiernos a tomar medidas
radicales muy similares a las que serían asumidas en un estado de Guerra Mundial,
con cierre de fronteras y aislamiento de la población civil. Ahora bien, en los
parágrafos I y II, del artículo 2 del Decreto Supremo 4197 de 18 de marzo de
2020, el Gobierno de Transición en el Estado Plurinacional de Bolivia dispone: “Otorgar
el Bono Familia de Bs 500.- (QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), por única vez, con
la finalidad de enfrentar el impacto del Coronavirus (COVID-19) y de apoyar a
uno de los grupos más vulnerables y numerosos, como son las niñas y niños del
Nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional de las Unidades Educativas
Fiscales y de Convenio (Fiscales) del Subsistema de Educación Regular. Este
bono se constituye en un apoyo económico efectivo para cubrir gastos de
atención de salud, transporte extraordinario y alimentación especial, a
consecuencia de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena que vive el país.”
Desde algunas perspectivas, éste Bono Familia podría ser una solución a corto
plazo (aunque todavía no existe reglamentación y la redacción del citado decreto
no establece calendario de distribución del mismo, sobreentendiendo que será
una vez pasada la emergencia sanitaria y cuando las actividades retornen a la
normalidad eso podría ser el miércoles 1 de abril o dentro de otros cuarenta
días), sin embargo, analizando el contexto actual, está medida es desacertada.
Pero ¿Por qué, la creación del Bono Familia, es una medida
desacertada?, la respuesta es simple, en Bolivia el 1 de abril, los precios de
los artículos de primera necesidad que forman parte de la canasta familiar,
habrán cambiado de precios pero no hacía abajo sino hacía arriba, si bien el Artículo
226 del Código Penal tipifica el delito de Agio como “El que procurare alzar o
bajar el precio de las mercancías, salarios o valores negociables en el mercado
o en la bolsa, mediante noticias falsas, negociaciones fingidas o cualquier
otro artificio fraudulento, incurrirá en privación de libertad de seis (6)
meses a tres (3) años, agravándose en un tercio si se produjere cualquiera de
estos efectos. Será sancionado con la misma pena, el que acaparare u ocultare
mercancías provocando artificialmente la elevación de precios.” En la presente
situación especial, no considera que producto de diversos factores, escasearán
los productos y el abastecimiento de los mercados tanto en los centros urbanos
como rurales, provocando que los comercializadores en base al artículo 72 del
Título IV del Decreto Supremo 21060, determinen libremente los precios de sus
productos.
¿Qué significa eso? Pues que una vez, transcurrido un
determinado espacio de tiempo, en Bolivia país capitalista atrasado, el costo
de vida se va elevar. Un viejo dicho, dice que, en nuestro país, “es más fácil
hacer subir el precio de un producto, que regresarlo a su precio anterior”.
Una consideración adicional, para ciertos sectores de la clase
política boliviana, la distribución de los recursos del estado mediante bonos a
sectores vulnerables implementada durante los años 2006-2019, era una medida populista,
antieconómica y desacertada, posición compartida con un grupo de analistas que
bombardeaban a la clase media boliviana con el mensaje constante del gobierno malvado
entregando bonos intentando posicionar en el imaginario colectivo la idea de una
política del despilfarro carente de una correcta planificación. Ahora, sin
embargo, de manera hipócrita el estado retorna de nuevo a ese mismo camino.
Retornando al punto de la explicación, que justifica el
considerar como desacertada la creación de un Bono Familia, se debe contemplar
la posibilidad de un estado imponiendo una rígida política de inamovilidad de
precios, pero eso sería una medida por un lado autoritaria y por el otro
anticapitalista, ¿Qué ironía no? Es cierto, circunstancias extraordinarias requieren
medidas extraordinarias, pero cuando pase la Emergencia Sanitaria, hasta la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ya concluyó que se perderán más de 25 millones
de empleos, Bolivia también contribuirá con esa estadística, ya el sector
Hotelero advirtió que un porcentaje de sus trabajadores quedarán cesantes.
Otros sectores le seguirán pronto. Es realmente un escenario adverso para la
economía de las grandes mayorías en Bolivia, los trabajadores cuentapropistas
serán los más damnificados en el corto plazo, pero también las clases
trabajadoras asalariadas sufrirán el daño colateral. Más aún si consideramos
otro factor negativo, el precio de una materia prima (hidrocarburos) a nivel
mundial está cayendo y nuestra economía estatal en todos sus niveles subsiste
por la renta proveniente de la exportación de un recurso natural no renovable
que cada vez tiene un mercado más pequeño. El escenario venidero para la burocracia
pública es de inestabilidad laboral, llegará un momento que la disminución de
ingresos del estado provocará inevitablemente no solamente recortes en la
inversión sino también en el despido masivo de un porcentaje de los servidores
públicos y también de trabajadores de las empresas estatales. En resumen, para cuando
los padres de familia con hijos en unidades educativas fiscales o de convenio
que cursan el nivel primario, reciban el Bono Familia, verán que los recursos económicos
recibidos terminan diluyéndose perdiendo su valor.
Por el momento, esperemos que, al Gobierno de Transición, no
se le ocurran otras medidas desacertadas que contribuyan a crear un escenario
económico más desfavorable para la clase trabajadora y para las grandes mayorías.
(*) El autor José Luis Claros López, es Comunicador Social y
Escritor.
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